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Inicio 2018-03-25T12:19:22+00:00

Comisión Arquidiocesana para la Protección de los Menores

El abuso sexual de menores es uno de los delitos que más sacuden la conciencia humana. La vulnerabilidad de las víctimas, así como la perversidad misma del hecho y las consecuencias profundas y duraderas que deja tras de sí nos llevan a expresar nuestro total rechazo al respecto. Es un pecado, además, que muestra como ninguno la degradación moral del hombre y lo lleva a manipular y a dañar al prójimo más pequeño.

La Iglesia rechaza con energía este grave delito. Y, llena de dolor, reconoce que ha existido en su seno, perpetrado en ocasiones por sus propios hombres y mujeres, aquellos que debían haber custodiado con más compromiso el tesoro de la niñez y la juventud que se le había confiado.

El abuso sexual infantil constituye en sí un problema social de tal magnitud que debe ser abordado en cooperación con toda la sociedad. Como ha afirmado el Papa Francisco recientemente, es necesario “iniciar con firmeza iniciativas de varios tipos con la intención de reparar el daño, hacer justicia y prevenir, con todos los medios posibles, que se repitan episodios similares en el futuro” (Francisco; Quirógrafo para la institución de la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores; 2014).

Somos conscientes de que hechos como éstos causan un dolor enorme a muchas personas. También la Iglesia en su totalidad se ve traicionada y manchada por los abusos, con el dolor de una madre cuyo hijo cae en una de las faltas más tremendas.

La Iglesia ha asumido públicamente este desafío: en todo el mundo se ha levantado para combatir los abusos desde el ideal, difícil de alcanzar pero el único totalmente plenificante, que el Señor nos muestra en el Evangelio. También nuestra Iglesia particular de Paraná se suma sistemáticamente a este esfuerzo de la Iglesia universal, comprometiéndose en iniciativas que ayuden a prevenir y concientizar, así como sanar y reparar en la medida de lo posible las heridas que este accionar produce.

Pedimos humildemente perdón por el dolor que cada uno de nuestros miembros provoca al tomar parte, de un modo u otro, en hechos de esta naturaleza. E invocamos la misericordia de Dios, capaz de sanar todas las heridas y de brindar siempre un horizonte de esperanza.

Que María, que cuida de cada uno de nosotros con amor de Madre, nos sostenga en la justa tarea de cercanía y acompañamiento con quienes tanto han sufrido y nos ayude para que este tiempo de purificación traiga consigo sanación, reconciliación y una fidelidad cada vez más grande a la propuesta liberadora del Evangelio.

Nuestros Objetivos

Proponer, coordinar y supervisar iniciativas de prevención del abuso sexual de menores y adultos vulnerables en todos los ámbitos arquidiocesanos.
Ofrecer instancias de acercamiento y contención pastoral destinadas a quienes denuncien haber padecido abusos sexuales en ámbitos de la Arquidiócesis.

MIEMBROS

María Inés Franck

Lic. en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y Abogada (UCA)
Lic. en Derecho Canónico (UCA)
Especialista en Doctrina Social de la Iglesia (UCA)
Secretaria Académica de la Facultad de Derecho Canónico de la UCA

María Paula Nesa

Licenciada y Profesora en Psicología (Universidad Nacional de Córdoba)
Directora de la Carrera Licenciatura en Psicología de la Facultad Teresa de Ávila (UCA, Paraná)
Psicóloga de planta del Servicio Salud Mental del Hospital San Martín, en funciones de Jefa interina.
Psicóloga Clínica de adolescentes y adultos

Pablo Luis Folonier

Prof. Superior en Filosofía y Ciencias Sagradas (Instituto Superior Nuestra Señora del Cenáculo)
Abogado (Universidad Austral)
Especialista en Derecho Ambiental (UBA)
Lic. en Filosofía (UCA)
Coordinador del Programa Ambientes Seguros de la Arquidiócesis de Paraná.

Nuestras Funciones

Asesoramiento al Arzobispado en materia jurídica, comunicacional y procedimental en las situaciones que se susciten.
Propuesta y coordinación de medidas de prevención de abusos sexuales en ámbitos de la Arquidiócesis.
Desarrollo de programas de ambientes seguros en toda la Arquidiócesis, destinados a todos aquellos que tengan contacto pastoral con menores de edad y adultos vulnerables.
Coordinación del acompañamiento pastoral a quienes denuncien haber padecido abusos sexuales y a sus familias.
Generación de instancias de supervisión de pautas para la protección de los menores.

Novedades

noviembre 2018

octubre 2018

septiembre 2018

Preguntas frecuentes

Definición general: se entiende que el abuso sexual de menores es toda acción abierta o encubierta de contenido sexual ejercida por una persona sobre un niño, niña o adolescente. Se trata de la utilización de un menor para la estimulación sexual de un adulto o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias[1].

Desde el Derecho Penal se trata de un delito tipificado bajo distintas figuras. El rubro general bajo el que se lo trata y penaliza es el de los “delitos contra la integridad sexual” y lo encontramos en los artículos 119 – 133 del Código Penal. No es relevante aquí el consentimiento del menor: los delitos están tipificados independientemente de que éste exista o no. Los delitos contra la integridad sexual incluyen el “abuso sexual simple” (sin acceso carnal), el “sometimiento sexual gravemente ultrajante” (agravado por su duración o circunstancias particulares), el “abuso con acceso carnal” (por cualquier vía), la “promoción de la corrupción de menores”, la “promoción de la prostitución”, la “explotación económica del ejercicio de la prostitución”, la “producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución de representaciones sexuales de menores”, la “organización de espectáculos sexuales en vivo con menores”, la “ejecución de exhibiciones obscenas”, la “sustracción o retención de una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual”, y el “contacto de un menor por medios tecnológicos para cometer delitos contra su integridad sexual”.

El Derecho Canónico incluye estos delitos en los llamados “delitos contra el sexto mandamiento”. En el caso de cometerse con menores, se los califica de “delitos más graves contra las costumbres”, y están reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede. Concretamente, se trata de: a) El delito contra el sexto mandamiento cometido por un clérigo con un menor de dieciocho años (la persona que habitualmente tiene un uso imperfecto de la razón es equiparada al menor de edad); b) la adquisición, posesión o divulgación con fines libidinosos, de imágenes pornográficas de menores de catorce años por parte de un clérigo, en cualquier modo y con cualquier instrumento[2].

[1] Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos (2016); Berliner L, Elliot D.; Sexual Abuse of Children. Handbook on Child Maltreatment (2002).

[2] Cf. Juan Pablo II; Carta Apostólica en forma Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2001); reformada en 2010 por Benedicto XVI.

[3] Cf. Código Civil y Comercial de la Nación, art. 25.

La legislación argentina considera menor de edad a toda persona menor de 18 años[1].

[1] Cf. Código Civil y Comercial de la Nación, art. 25.

Los delitos vinculados con el abuso sexual de menores pueden ser de instancia privada o pública[1]. Si son de instancia privada (como, por ejemplo, el abuso sexual simple), sólo pueden ser impulsados penalmente por la víctima o su representante legal. El Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos establece que en esos casos algunos profesionales en contacto con el menor (sobre todo del ámbito de la educación y de la salud) tienen el deber de comunicar la situación a los padres del menor a fin de que ellos hagan la denuncia. Ante sospecha o conocimiento de abuso, deben poner el hecho en conocimiento al Defensor de Menores para que éste articule con el Consejo Provincial del Niño, del Adolescente y la Familia, o comunicarse directamente con esta última institución, la cual recibe presentaciones espontáneas y las canaliza[2].  En caso de tratarse de delitos de instancia pública (como, por ejemplo, el abuso sexual seguido de muerte y la corrupción de menores), cualquier persona puede impulsarlos penalmente.

[1] Cf. Código Penal Argentino, arts. 119-133

[2] Cf. Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos.

El Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos afirma que  tienen la obligación de denunciar el conocimiento que tengan sobre un delito de acción pública los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de sus funciones adquieran conocimiento de un delito, salvo que pese sobre ellos el deber de guardar secreto; los médicos, parteras o farmacéuticos y demás personas que profesen cualquier ramo del arte de curar en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional el cual, salvo manifestación en contrario, se presumirá; y los obligados expresamente por la ley[1].

El Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos establece que en esos casos algunos profesionales en contacto con el menor (sobre todo del ámbito de la educación y de la salud) tienen el deber de comunicar la situación a los padres del menor a fin de que ellos hagan la denuncia. Ante sospecha o conocimiento de abuso, deben poner el hecho en conocimiento al Defensor de Menores para que éste articule con el Consejo Provincial del Niño, del Adolescente y la Familia, o comunicarse directamente con esta última institución, la cual recibe presentaciones espontáneas y las canaliza[2]

En cuanto al deber de guardar secreto, el Código Procesal Penal de Entre Ríos determina que deberán abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieren llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo sanción de nulidad, los ministros de un culto admitido, los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por el interesado, salvo el supuesto de los ministros de culto admitido[3].

[1] Cf. Ley 9754 Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, art. 235.

[2] Cf. Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso Sexual Infantil en la Provincia de Entre Ríos.

[3] Cf. Ley 9754 Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos, art. 289.

La prescripción es un término jurídico que se refiere a la extinción o adquisición de un derecho por el mero paso del tiempo sin que se inicie ninguna acción. El plazo necesario para que se dé la prescripción está establecido por la ley para cada delito en particular.

En el Código Penal Argentino, desde noviembre de 2015 el abuso sexual de menores tiene un plazo máximo de prescripción de doce años a partir del momento en que se realiza la denuncia[8]. Anteriormente el plazo de 12 años comenzaba a correr desde que el menor en cuestión adquiría la mayoría de edad (18 años)[9].

Para el Derecho Canónico, estos crímenes tienen un proceso particular, así como plazos especiales para la prescripción de la acción. El plazo de prescripción de la acción penal para los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se rige por el Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, y se extiende a los 20 años a partir del día en que el menor ha cumplido los dieciocho años de edad. Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene la facultad de derogar la prescripción para casos singulares[10].

[8] Ley 27206 del año 2015, que reforma el Código Penal Argentino.

[9] Cf. Ley 26705 del año 2011

[10] Cf. Juan Pablo II; Carta Apostólica en forma Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2001); reformada en 2010 por Benedicto XVI.

Las comunicaciones sobre sospechas o conocimiento que se tenga sobre algún abuso pueden realizarse ante el Ministerio Público de la Defensa (Laprida 251, primer piso, tel. 4209409 de 7 a 13 hs.), a las autoridades del Programa provincial de prevención de violencia (La Paz 29), al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Corrientes y Uruguay), llamando al 102 (Teléfono del Niño) durante las 24 hs. o ante la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Delito (Victoria 283, tel. 0800- 888- 8428, 42081923 y 4221808).

Ante la noticia sobre acerca de la comisión de alguno de estos delitos las autoridades de la Iglesia deben realizar una “investigación previa o preliminar” donde intentan averiguar si la denuncia es verosímil. Si, en efecto, es verosímil, se debe enviar toda la información a la Santa Sede (Congregación para la Doctrina de la Fe), donde se decide si se inicia un proceso penal canónico al acusado. El proceso penal recorre varias instancias, en las cuales debe darse al acusado la posibilidad de defenderse. Concluye con una decisión final y, si corresponde, la imposición de una pena canónica[11].

[11] Cf. Código de Derecho Canónico, Libro VII, cc. 1711-1731); Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2010).

La Iglesia puede imponer penas en el orden espiritual; su potestad se maneja en ese ámbito. Según el derecho canónico, el clérigo que cometa estos delitos será penado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición[12]. En este último caso, ese sacerdote ya no podrá ejercer su ministerio y dejará de tener los derechos y obligaciones de un clérigo. Cuando se impone esa pena, la Iglesia no tiene más la obligación de hacerse cargo de esa persona[13].

[12] Cf. Juan Pablo II; Carta Apostólica en forma Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2001); reformada en 2010 por Benedicto XVI.

[13] Cf. Código de Derecho Canónico, cans. 292 y 1350.

En las últimas décadas ha habido un creciente foco puesto en la reducción de oportunidades para el abuso a través de estrategias de prevención, tanto en la sociedad en general como en instituciones concretas. Esto es, se pone el acento en la realización de determinadas rutinas de actividades, a fin de que el abuso pueda ser prevenido a través de la reducción de la oportunidad para la conducta delictiva. Este tipo de estrategias preventivas basadas en la educación comenzaron a utilizarse en varios países a partir de los años ochenta. Se apunta a capacitar a docentes, preceptores, empleados, voluntarios, directivos y, en general, a todos aquellos adultos que deban interactuar regularmente con menores en sus actividades. Y también a los padres y a los mismos menores, para que adviertan las señales cuando algo no se está desarrollando normalmente y tengan herramientas para reaccionar convenientemente.

Porque, tanto la Iglesia como el Estado, tienen sus propios ordenamientos jurídicos plasmados en distintos textos legislativos. Entre ambos ordenamientos existe una relación de autonomía y cooperación, tal como reconoce el Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede del año 1966[14]. En el art. 1º de ese Acuerdo, se afirma que “el Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”. El derecho canónico rige sólo para las personas bautizadas, y su finalidad última es ante todo la salvación de todas las almas[15]. Por eso las penas que la Iglesia impone son más bien de orden espiritual. Las personas bautizadas están sujetas por igual a ambos ordenamientos (el canónico y el estatal).

[14] Cf. Ley 17032 aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede (1966).

[15] Cf. Código de Derecho Canónico, c. 1752.

Cuando un sacerdote comete un abuso sexual contra un menor, puede tener que responder ante los dos fueros: el canónico y el estatal. El canónico se sustancia ante las autoridades eclesiales, y el estatal ante las del Estado. Son dos procesos diferentes que se rigen con sus propias reglas a fin de poder alcanzar la verdad de los hechos.

Es indistinto. Ambos procesos corren de forma separada. No es necesario realizar uno primero y otro después, sino que pueden llevarse a cabo al mismo tiempo.

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