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Preguntas frecuentes

Definición general: se entiende que el abuso sexual en la infancia es toda acción abierta o encubierta de contenido sexual ejercida por una persona sobre un niño, niña o adolescente. Se trata de la utilización de un niño, niña o adolescente para la estimulación sexual de un adulto o la gratificación de un observador. Implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre un adolescente y un niño o una niña más pequeños también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, el desarrollo, el tamaño o si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias[1].

Desde el Derecho Penal se trata de un delito tipificado bajo distintas figuras. El rubro general bajo el que se lo trata y penaliza es el de los “delitos contra la integridad sexual” y lo encontramos en los artículos 119 – 133 del Código Penal. No es relevante aquí el consentimiento del niño, niña o adolescente: los delitos están tipificados independientemente de que éste exista o no. Los delitos contra la integridad sexual incluyen el “abuso sexual simple” (sin acceso carnal), el “sometimiento sexual gravemente ultrajante” (agravado por su duración o circunstancias particulares), el “abuso con acceso carnal” (por cualquier vía), la “promoción de la corrupción de menores”, la “promoción de la prostitución”, la “explotación económica del ejercicio de la prostitución”, la “producción, financiación, ofrecimiento, comercio, publicación, facilitación, divulgación o distribución de representaciones sexuales de menores”, la “organización de espectáculos sexuales en vivo con menores”, la “ejecución de exhibiciones obscenas”, la “sustracción o retención de una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude con la intención de menoscabar su integridad sexual”, y el “contacto de un menor por medios tecnológicos para cometer delitos contra su integridad sexual”.

El Derecho Canónico incluye estos delitos en los llamados “delitos contra el sexto mandamiento”. En el caso de cometerse con personas menores de dieciocho años de edad, se los califica de “delitos más graves contra las costumbres”, y están reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de la Santa Sede. También se abarca aquí la pornografía.

[1] Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos (2016); Berliner L, Elliot D.; Sexual Abuse of Children. Handbookon Child Maltreatment (2002).

La legislación argentina considera menor de edad a toda persona menor de dieciocho (18) años de edad[1], y así también lo hace la legislación canónica.

[1]Cf. Código Civil y Comercial de la Nación, art. 25.

Los delitos vinculados con el abuso sexual contra niños, niñas o adolescentes son de acción pública[1]; esto significa que el Fiscal debe investigarlos de oficio. Cualquiera puede denunciarlos y, de hecho, es un deber legal comunicarlos a la autoridad de protección de la infancia cuando se tome conocimiento de ellos o cuando un niño, niña o adolescente se encuentre amenazado[2].

[1] Cf. Código Penal Argentino, arts. 72.

[2] Cf. Ley 26.061, arts. 9 y 30, y Decreto Reglamentario 415/2006.

La ley 26061, de Protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece en su art. 9 que “La persona que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley”. Y, en su art. 30, determina que “Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público que tuviere conocimiento de la vulneración de derechos de las niñas, niños o adolescentes, deberá comunicar dicha circunstancia ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad por dicha omisión”.

Por su parte, el Decreto Reglamentario 415/2006, de esta Ley aclara que “el deber de comunicación previsto en el artículo objeto de reglamentación comprende tanto a situaciones de derechos de niñas, niños o adolescentes que se encuentren vulnerados como a aquellas en que los mismos se hallen amenazados”.

La Ley, entonces, estipula que toda persona que tome conocimiento, tanto de un acto de mal trato como de amenaza contra un niño, niña o adolescente, debe realizar una comunicación o presentación ante las autoridades de protección de la infancia. No se trata técnicamente de una denuncia penal; sí es un aviso para que se investigue el hecho comunicado y, en su caso, se intervenga como corresponda.

La prescripción es un término jurídico que se refiere a la extinción o adquisición de un derecho por el mero paso del tiempo sin que se inicie ninguna acción. El plazo necesario para que se dé la prescripción está establecido por la ley para cada delito en particular.

En el Código Penal Argentino, desde noviembre de 2015 el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes tiene un plazo máximo de prescripción de doce años a partir del momento en que la víctima, siendo mayor de edad, realiza la denuncia[1].

Para el Derecho Canónico, estos crímenes tienen un proceso particular, así como plazos especiales para la prescripción de la acción. El plazo de prescripción de la acción penal para los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se rige por el Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, y se extiende a los 20 años a partir del día en que la víctima ha cumplido los dieciocho años de edad. Sin embargo, la Congregación para la Doctrina de la Fe tiene la facultad de derogar la prescripción para casos singulares[2].

[1]Ley 27206 del año 2015, que reforma el Código Penal Argentino.

[2] Cf. Juan Pablo II; Carta Apostólica en forma Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela(2001); reformada en 2010 por Benedicto XVI.

Las comunicaciones sobre sospechas o conocimiento que se tenga sobre algún abuso de este tipo pueden realizarse ante el Ministerio Público de la Defensa (Laprida 251, primer piso, tel. 4209409 de 7 a 13 hs.), ante las autoridades del Programa provincial de prevención de violencia (La Paz 29), en el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Corrientes y Uruguay), llamando al 102 (Teléfono del Niño) durante las 24 hs. o ante la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Delito (Victoria 283, tel. 0800- 888- 8428, 42081923 y 4221808).

Ante la Iglesia, se puede realizar una denuncia de este tipo a través del Arzobispado o comunicándose con el encargado de recibir informes (cel.: 343 5 174200 // e-mail: informes@comisiondeprevencion.com.ar). De todas maneras, todo clérigo o religioso tiene la obligación de comunicar este tipo de noticias a la autoridad eclesiástica[1], además de cumplir con las obligaciones que le imponga la legislación estatal.

[1] Cf. Francisco; Motu Proprio Vos estis lux mundi (2019).

Ante la noticia sobre acerca de la comisión de alguno de estos delitos las autoridades de la Iglesia deben realizar una “investigación previa o preliminar” donde intentan averiguar si la denuncia es verosímil. Si, en efecto, es verosímil, se debe enviar toda la información a la Santa Sede (Congregación para la Doctrina de la Fe), donde se decide si se inicia un proceso penal canónico (judicial o administrativo) al acusado. El proceso penal recorre varias instancias, en las cuales debe darse al acusado la posibilidad de defenderse. Concluye con una decisión final y, si corresponde, la imposición de una pena canónica[1].

[1] Cf. Código de Derecho Canónico, Libro VII, cc. 1711-1731); Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (2010).

La Iglesia puede imponer penas sobre todo en el orden espiritual; su potestad se maneja en ese ámbito. Según el derecho canónico, el clérigo que cometa estos delitos será penado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición[1]. En este último caso, ese sacerdote ya no podrá ejercer su ministerio y dejará de tener los derechos y obligaciones de un clérigo. Cuando se impone esa pena, la Iglesia no tiene más obligación de hacerse cargo de esa persona[2].

[1] Cf. Juan Pablo II; Carta Apostólica en forma Motu Proprio Sacramentorum sanctitatis tutela(2001); reformada en 2010 por Benedicto XVI.

[2]Cf. Código de Derecho Canónico, cans. 292 y 1350.

En las últimas décadas ha habido un creciente foco puesto en la reducción de oportunidades para que se cometan abusos, a través de estrategias de prevención, tanto en la sociedad en general como en instituciones concretas. Esto es, se pone el acento en la realización de determinadas rutinas de actividades, a fin de que el abuso pueda ser prevenido a través de la reducción de la oportunidad para la conducta delictiva. Este tipo de estrategias preventivas basadas en la educación comenzaron a utilizarse en varios países a partir de los años ochenta. Se apunta a capacitar a todos aquellos adultos que deban interactuar regularmente con niños, niñas o adolescentes en sus actividades. Y también a los padres, para que adviertan las señales cuando algo no se está desarrollando normalmente y tengan herramientas para tomar las medidas que correspondan.

También existen programas educativos de prevención dirigidos a los niños, niñas y adolescentes, algunos de los cuales se relacionan con una adecuada educación de la afectividad.

Porque, tanto la Iglesia como el Estado, tienen sus propios ordenamientos jurídicos plasmados en distintos textos legislativos. Entre ambos ordenamientos existe una relación de autonomía y cooperación, tal como reconoce el Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede del año 1966[1]. En el art. 1º de ese Acuerdo, se afirma que “el Estado Argentino reconoce y garantiza a la Iglesia Católica Apostólica Romana el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual, el libre y público ejercicio de su culto, así como de su jurisdicción en el ámbito de su competencia, para la realización de sus fines específicos”. El derecho canónico rige sólo para las personas bautizadas, y su finalidad última es ante todo la salvación de todas las almas[2]. Por eso las penas que la Iglesia impone son más bien de orden espiritual. Las personas bautizadas están sujetas por igual a ambos ordenamientos (el canónico y el estatal).

[1] Cf. Ley 17032 aprobatoria del Acuerdo entre la República Argentina y la Santa Sede (1966).

[2]Cf. Código de Derecho Canónico, c. 1752.

La persona bautizada que comete un abuso sexual contra un niño, niña o adolescente debe responder ante los dos fueros: el canónico y el estatal. El canónico se sustancia ante las autoridades eclesiales, y el estatal ante las del Estado. Son dos procesos diferentes que se rigen por sus propias reglas a fin de poder alcanzar la verdad de los hechos. Sin embargo, entre ellos debe existir cooperación cuando se trata de llegar a la verdad y de proteger a quienes han sido víctimas.

Es indistinto. Ambos procesos corren de forma separada. No es necesario realizar uno primero y otro después, sino que pueden llevarse a cabo al mismo tiempo, excepto que la legislación estatal considere lo contrario.